La historia
del litio, como la de otros recursos naturales estratégicos en el mundo, está
inundada de luchas de poder generalmente entre dos actores involucrados: las
empresas transnacionales, quienes con su posición dominante quieren apropiarse
de los recursos y sus excedentes y, los gobiernos quienes luchan (en teoría)
por obtener la mayor cantidad de renta posible de estos. Pocas veces, son los
pueblos quienes pueden definir el destino de sus recursos, este es el caso de
la historia del litio y otros recursos naturales en Bolivia, gracias a las luchas
ganadas por su pueblo.
Ciertamente, en Bolivia han sido las luchas sociales las que han frenado las numerosas intenciones privatizadoras o capitalizadoras (que son lo mismo) en otros oscuros tiempos. Gracias a éstas luchas, se ha conseguido que el régimen de los recursos evaporíticos se consolide en
la Constitución Política del Estado (CPE), en los artículos 349, 350 y 351, estableciendo que la propiedad de los recursos naturales se encuentren en manos del pueblo de Bolivia y su administración (solo su administración) en manos del Estado.A pesar de ello, durante los últimos meses, a través de algunas declaraciones, autoridades transitorias han dado indicios de querer regresar a esos oscuros tiempos de las privatizaciones. Una de estas declaraciones la realizó el Sr. Parada, en ocasión del XIII Foro “Desafíos de la economía y efectos de Covid - 19”, quien señaló que: “... en minería por ejemplo los recursos internos destinados para inversión, no son suficientes, por tanto se requiere de tecnología, de inversión extranjera como es el caso para el Salar de Uyuni, donde pueden llegar dos o tres empresas de diferentes países para atraer recursos” (Pagina 7, 23 de abril de 2020), alegando, igual que en la época neoliberal, “...Necesitamos de tecnología, de inversión extranjera. Por lo tanto, vamos a tener que (…) liberar el tema económico”.
Nadie se
niega a desarrollar o adoptar tecnología, el tema es cómo hacerlo, en este
sentido, debemos aclarar que el régimen establecido en la CPE es importante
para entender el cómo hacerlo y no solo
porque es nuestra norma madre, sino porque para llegar a este momento, se ha
luchado y combatido duramente desde las organizaciones sociales, es pues una
conquista histórica del pueblo de Bolivia y será éste quien tome las decisiones
estratégicas sobre nuestros recursos y no un gobierno transitorio, quien se
tome la libertad de definir el destino de los y las bolivianas. No debemos
olvidar que el Estado es un administrador de este régimen, no el dueño de los recursos.
Esta
conquista estratégica, ha tenido varios episodios relevantes en su historia
corta, que podemos resumirla para tener una idea de cuán importante y enraizada
está, la lógica de régimen del litio y los recursos naturales, en la memoria de
Bolivia.
Inicialmente,
debemos saber que el litio es un recurso
natural estratégico para nuestro país (y el mundo), debido a que potencialmente
es “un recurso crítico en el recambio tecnológico”
Actualmente,
Bolivia cuenta con las mayores reservas de litio en salmuera del mundo, 21 millones
de toneladas y junto con Argentina y Chile conforman lo que se ha denominado el
“Triangulo del Litio”. Entre los tres países, concentran el 85% de las reservas
mundiales conocidas de litio en sales.
En términos
de su explotación, tanto Chile, como Argentina lo hacen a través de empresas
privadas multinacionales, cuyos intereses responden a objetivos foráneos
En Bolivia, desde la década de
los 70, se inicia las primeras investigaciones sobre el salar de Uyuni
Este primer ciclo de
investigaciones e “incursiones” son un “éxito” para las empresas transnacionales
como la Lithco, debido a que, gracias al camino allanado por las llamadas
“reformas estructurales” de 1985, que habían dado paso a otras reglas del juego
económico y amparado en ellas, el entonces ministro de minas, Jaime Villalobos
“ofreció a la Lithco (actual FMC) una invitación directa para la explotación
del Salar de Uyuni”
Después de un largo periodo de
negociaciones, el 17 de noviembre de 1989, en el gobierno de Jaime Paz Zamora,
se firma el primer contrato por invitación directa con la principal empresa
productora de litio a nivel mundial. En este contrato, a la Lithco se le
otorgaba derechos de exploración y explotación sobre toda el área de reserva
fiscal por 40 años
El segundo intento, no se dejaría
esperar, el 17 de enero de 1992, se lanza una licitación pública y un mes más tarde, se recomienda la
adjudicación en favor de la FMC (ex Lithco), es decir en contraruta de aquello
que había sido fuertemente rechazado en los años 80. El 14 de febrero de 1992
se firma el contrato, cuya única diferencia con el contrato anulado, era el
nivel de participación del estado boliviano, que ahora se aumentaba levemente
Extrañamente, debido a un cambio
en la alícuota del IVA, el 5 de Noviembre de 1993, la FMC (ex Lithco) decide
renunciar al contrato firmado. Sin embargo, la FMC, declara que encuentra en la
realidad dificultades generadas por un “debate excesivamente público
y sectores sociales excesivamente preocupados en los detalles del
contrato”
En 1997, en el último año de
gobierno de Lozada, fue aprobado el nuevo Código Minero de (Ley N°1777), bajo el cual se dio el tercer intento de privatizar
nuestros recursos evaporíticos, a través de la reducción de la reserva fiscal
sobre el Salar de Uyuni, aprobada durante el gobierno del ex-dictador Hugo
Banzer Suarez (ADN), en abril de 1998 (Ley
1854), que generó una rápida expansión de las concesiones privadas. En el gobierno del sustituto de Banzer, Tuto
Quiroga, a través de una norma exigida por las empresas interesadas en la
explotación del litio, la empresa Non Metallic Minerals SAM, pudo acceder a
numerosas concesiones mineras en la costra salina del Salar
Pero nuevamente, el pueblo se encargaría de poner las cosas en
su lugar y como efecto de la sublevación popular en octubre de 2003, a consecuencia
de la recuperación de los hidrocarburos de manos de las transnacionales
extranjeras, en Potosí se impulsó a las diversas organizaciones sociales a
movilizarse contra la reducción de la reserva fiscal y los avances de las
concesiones privadas sobre el Salar de Uyuni
Desde este momento, se inicia una
nueva etapa en el diseño del régimen del litio y de los demás recursos
naturales. Por acción y participación de los movimientos sociales, grupos de la
sociedad civil y voluntad política del
presidente Morales, se diseñan Políticas y Estrategias, que aunque perfectibles, son
hechas por bolivianos, de manera libre y soberana, para Bolivia.
Los sucesos de octubre de 2003,
traen consigo el establecimiento de un nuevo régimen de recursos naturales y del litio, que es
implementado en el gobierno de Evo Morales, con quien se restablece las actividades
de la COMIBOL y se toman en cuenta, en las decisiones, a actores como la organización
FRUTCAS, que representa a campesinos de 5 provincias del sudeste de Potosí y
agrupa a más de 300 comunidades
El nuevo régimen establecido, se
encuentra estipulado en la CPE, gracias a las luchas anteriormente mencionadas que
definen la propiedad y dominio “directo, indivisible e imprescriptible del
pueblo boliviano” sobre los recursos naturales, depositando en el Estado “su
administración en función del interés colectivo” (art. 349, inc. I). Asimismo,
da potestad al Estado nacional sobre todas las reservas fiscales (art. 350) y
el “control y la dirección sobre la exploración, explotación,
industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales
estratégicos” (351, inc. I). También establece que los recursos evaporíticos,
son de carácter estratégico (art. 369 ii) y se deja sin efecto todas “las
concesiones mineras, de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos,
salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio
boliviano “(Octava Disposición Transitoria, inc. II.).
Dentro de este régimen, en 2010,
se pone en marcha la Estrategia Nacional de Industrialización de Recursos
Evaporíticos, que cuenta con tres Fases. La Fase 1, consistió en la
investigación del proceso tecnológico para la explotación del salar y la
construcción de plantas piloto, para la producción de Carbonato de Litio y
Cloruro de Potasio, ésta última fue inaugurada en agosto de 2012 y la de
Carbonato de Litio, en enero de 2013. Fase 2, que consistía en la construcción
de plantas industriales, en base a las plantas piloto, para la producción de Cloruro
de Potasio y Carbonato de Litio. La Fase 3, consistía en la producción de
materiales de cátodo y baterías de ión – litio
La implementación de esta
Estrategia, fortalece el régimen, no solo porque se afirma la posición
histórica de mantener la propiedad del recurso en manos de los y las
bolivianas; sino también porque extiende “... la gobernanza del recurso más allá del proceso
de extracción y comercialización del carbonato de litio, para incluir también
la producción de baterías de ion litio” y
mantiene la “exclusión de las empresas privadas de todas las fases de
explotación y procesamiento de los recursos del salar...”
Para la implementación de la tercera fase de la
estrategia, se aprueba el D.S. 3738, en
el cual se creaba la empresa mixta YLB – ACISA, subsidiaria de la matríz YLB, en
la que participaba ACI Systems Alemania
GmbH Sucursal Bolivia, a la que se le daba la potestad de comercializar los productos generados. Este decreto es abrogado
en noviembre de 2019, tras presión del pueblo potosino.
Por el momento, hasta donde hemos
podido evidenciar, queda pendiente implementar la fase III, respetando la CPE y
el régimen del litio, para lo cual es necesario mantener el control de la
producción y comercialización de productos o subproductos del litio, así como
mejorar el promedio de la tasa de recuperación de litio, realizado por YLB
Por las razones políticas,
históricas, económicas y técnicas, esgrimidas en los párrafos precedentes,
podemos decir con mucha contundencia, que cualquier intento, de los gobernantes
transitorios, por privatizar los recursos evaporíticos, serán nulos de pleno de
derecho, pues la vulneración, a través de contratos, decretos o leyes que alteren
el régimen, serán inconstitucionales (por todos los artículos ya señalados).
Pero más aun, debe quedar claro
que el régimen constitucional del litio, no es producto de burócratas de
escritorio, sino el resultado de luchas populares e insurrecciones, que
defendieron la propiedad de los recursos evaporíticos y su explotación 100%
estatal. Por lo que, tenemos la seguridad, que esta estrategia se respetará, o
podría ocurrir lo de octubre de 2003, cuando tuvo que salir huyendo “el modelo
neoliberal” de Palacio de Gobierno.
[1] Para esto
revisar la historia de la lucha por la recuperación de los hidrocarburos
[2] Como dato llamativo:
“...en 1976, el gobierno boliviano suscribió un convenio con la NASA, para
implementar el programa ERTS (Investigaciones de la Tierra Vía Satélite)”, cuyo
principal objetivo era “...la determinación de los distintos recursos, con
potencial valor económico, concentrados en las salmueras del Salar de
Uyuni”, que mostró indicios de concentraciones
de valiosos elementos, entre ellos, litio”
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